La Legalización de los Trabajos Profesionales

La legalización de un trabajo por parte del CPCE respectivo, importa una serie de controles fundamentales para asegurar la condición profesional del interviniente, lo cual acrecienta el nivel de seguridad de la información presentada ante los usuarios de la misma.

En primer lugar, el proceso de legalización del trabajo profesional comprende la verificación de que la persona que ha firmado el informe profesional, es una matriculada en la jurisdicción. Esto contribuye a combatir el ejercicio ilegal de la profesión, al demostrar, a través de la certificación, a los usuarios de la información, que el trabajo profesional ha sido confeccionado por un matriculado.

Como parte de ese mismo control de firma, se realiza el cotejo de la que obra en el informe presentado con el registro de firmas que mantiene el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, para determinar si existe concordancia entre ambas. El objetivo aquí es prevenir la falsificación y por ende, garantizar que el trabajo fue realizado por el matriculado registrado.

Otro control que se lleva a cabo al momento de la legalización, es la determinación de que el matriculado interviniente en el trabajo se encuentre habilitado para ejercer la profesión. En este punto, se verifica que el profesional no tenga sanciones vigentes que lo inhabiliten para ejercer la profesión. Si las entidades no solicitan la legalización, podrían estar aceptando informes emitidos por profesionales inhabilitados.

Además, la presentación de informes profesionales al CPCE para su legalización, le permite ejercer su poder de policía. Esto así, porque de este modo, el Consejo puede mantener un registro de los trabajos que presenta cada matriculado, permitiéndole identificar a quiénes lo hacen en cantidades por encima de un estándar razonable, y accionar consecuentemente en estos casos, por ejemplo, solicitándole la presentación de los papeles de trabajo relacionados.

No exigir la legalización de los informes profesionales, dificulta la capacidad del CPCE de ejercer ese poder de policía, debilitando, por lo tanto, la confiabilidad del sistema, en general.

Por último, el proceso de legalización de firmas permite al CPCE ejercer una función docente, destinada a propender a que los profesionales utilicen los modelos de informes desarrollados por las áreas técnicas de la profesión, favoreciendo el resguardo de la calidad profesional por un lado, y beneficiando al usuario de la información referida a un ente, ayudándolo en la toma de decisiones económicas, financieras y de contralor del mismo.